Pocos saben lo que significa para el medioambiente y la
sostenibilidad (en su sentido profundo) la elección del Sr. Santos como futuro
presidente de Colombia. ¿Cuáles son los grandes retos ambientales que enfrenta
el Sr. Santos en este campo en los próximos 4 años? ¿Cómo su política puede
solucionarlos? ¿Cómo pronosticamos su desempeño? Con este pequeño texto hago sigo
mi contribución al tema. Les recuerdo que he concentrado mi análisis en las
áreas ambientales que, a mi juicio, necesitan atención inmediata por parte del
gobierno de turno.
TIERRA
Minería
Santos no esconde su deseo de continuar con la punta de
lanza de las políticas de desarrollo de la administración saliente: la minería.
En su visión, las políticas existentes que regulan la explotación minera serán
adaptadas para que se explote más, involucrando el crecimiento de industrias
como las de petróleo, piedra caliza y arena (para la producción de concreto), y
carbón. Esto responde a demandas e inclusive, en algunos casos, a influencias externas,
pues el país exporta la mayor parte de su producción minera y muchas de las
compañías mineras del país son extranjeras. El Cerrejón, la operación minera a
tierra abierta más destructiva del mundo, será tomado como modelo de minas
futuras.
Las consecuencias de este programa pueden ser nefastas, o
moderadas, dependiendo de la voluntad política del gobierno para enfrentarlas
con una visión ambiental que asegure un futuro sostenible. Entre las nefastas
encontramos el tema de los páramos. Como lo quiso también hacer el gobierno de
Uribe en su momento, una ley minera puede pasarse por encima le Ley de Páramos
para sacar más carbón de los yacimientos paramunos. Con tan sólo el 20% de los
páramos originales, el país arriesga perder por completo no sólo las quebradas,
los frailejones, los bosques aledaños, sino también, y aún más importante, la
fuente de agua de las zonas andina (en la cual se concentra el 60% de la
población). Otra posibilidad es que las regulaciones ambientales para las
empresas mineras bajen la guardia para que les coste menos dinero explotar. El
argumento para justificar estos movimientos siempre es el mismo: más empleo y
más PIB. Aunque reconocemos que el país tiene el desempleo más alto de la
región latina y hay que hacer algo al respecto, basar el empleo en economías
tradicionales de alto impacto como la minería es inestable. En el caso de los
combustibles, el carbón y el petróleo, esto se hizo obvio en el verano del 2008,
cuando se perdieron muchos empleos por los altos costos del crudo, lo cual generó
una demanda de carbón, que cayó en pocos meses cuando el petróleo volvió a
bajar. Por otro lado, en el mismo período, las cementeras pararon la producción
porque en el país muchos proyectos de construcción se cayeron. Esta clase de
políticas afanadas acaban por incrementar la vulnerabilidad del mismo sector
minero. Buscando rentabilidad a corto plazo, los beneficios del sector minero
se pueden acabar en 10 años o menos.
Además, el crecimiento del empleo y el PIB no contrarresta
los costos ambientales. No olvidemos que para el gobierno de Uribe, como muy
bien lo mencionó en el 2007 cuando se creía que Colombia estaba viviendo un
milagro económico (milagro que duró 4 meses y luego el PIB se encogió más que
en los años de Samper), el modelo de desarrollo de China, que sacó de la
pobreza a millones de personas en los últimos 20 años a costa de ser hoy es el
emisor más grande de gases de invernadero en el mundo y uno de los países más
polucionados del mundo, es el ideal político del país. Esto es peligroso. Los
costos ambientales se cobran eventualmente, sino en rubro, por los menos en la escasez
de recursos naturales o, en su caso más extremos, en costos humanos,
incrementando la vulnerabilidad de sectores como el minero. Arremeter con
argumentos dudosos a proyectos de gran impacto es dar cabida a arbitrariedades
en el manejo de lo que debería estar regulado y en lo que todo el mundo debe
tener cierto control. Esperemos pues que el entusiasmo con políticas poco
sostenibles se aminore con el pasar del tiempo y el Sr. Santos se siente a
pensar mejor en lo que implica en realidad esta clase de programas.
Agricultura
La política de la tierra de muchos gobiernos se ha centrado
en hacer productivas áreas del país con vocación agrícola. Mejorar la
productividad del campo ha sido uno de los ideales desde los gobiernos desde los
años 50. Con la creación del Inderena y las Corporaciones Autónomas Regionales
(CARs), el país logró afianzarse en el mercado mundial como importador de los tres
productos agrícolas más importantes para el país: el café, la caña y las
flores. A su vez, se logró una productividad importante en el área bovina.
Por un lado, estos logros de la agricultura colombiana se
pueden ver en mejor perspectiva si hablamos del ambiente internacional. Hoy
muchas tierras productivas están invadidas por la ganadería y el monocultivo. Colombia
no produce suficiente para alimentarse, y recurre a la importación de grano de
Brasil y EE.UU, grano que está genéticamente modificado, y pescado de China, de
dudosa procedencia, pero probablemente de uno de los tantos ríos polucionados
del país. Por otro lado, podemos adquirir perspectiva dándole un vistazo al
marco sociopolítico. A pesar que la economía colombiana depende de la
agricultura, y que Colombia ha sido por mucho tiempo un país campesino, en los
últimos 20 años nos hemos convertido en una población urbana (el 70% del país
vive en ciudades, es decir, centros urbanos de más de 100mil personas). La
migración a la ciudad ejerce presión sobre los servicios y recursos naturales
que soportan la vida urbana, que a su vez tiene una influencia innegable con la
situación del campo.
El gobierno de Santos, como el de Uribe, ha intentado
solucionar esta situación con dos cosas: crédito y tecnología. El caso de Agro
Ingreso Futuro demuestra que el crédito es un área peligrosa para solucionar
estos problemas, pues el lucro privado ha primado muchas veces sobre el
beneficio público. En el caso de la tecnología, recordemos que es en la
incapacidad de ver las implicaciones ambientales profundas de las políticas
desarrollistas donde erran muchos políticos. Muchos confunden el desarrollo con
crecimiento económico. No es sorpresa pues que el motor del sistema productivo son
instituciones que hoy son las defensoras de los derechos ambientales de los
colombianos: las CARs. En Colombia seguimos con la ilusión que todo lo que se
produce en el campo colombiano es limpio y nutritivo. Ejemplos como la polución
de las fuentes de agua (el Magdalena y el Cauca, de donde viene el agua de
riego de muchas áreas agrícolas del país, son dos de los ríos más sucios del
continente), el deterioro de la tierra por la intensidad del cultivo o el
ganado, entre otros temas relevantes, toman fuerza en el país y hacen dudar tal
ilusión. Mientras tanto, la producción de productos orgánicos, la producción
local y a pequeña escala es inexistente, y las CARs no hacen nada para promover
formas alternativas de producción.
En conclusión, el ideal del desarrollo a través de la intensificación
de la productividad agrícola y la explotación minera es un ideal un tanto
efímero en tanto no se empate con una visión ambiental y socioeconómica amplia
y a largo plazo. En cuanto a la minería, los temas de los páramos y de los
sistemas ambientales de regulación, como los estudios de impacto ambiental
(EIA) deben estudiarse a fondo antes de tomar decisiones irreversibles en este
campo. Además, muchos académicos y estudiosos del tema comparten la idea que
debe existir un sistema de ayudas al campesinado que modifique el sistema de
producción a uno de pequeña escala, multiplicando los beneficios sociales y
ambientales. Esto crea oportunidades para que los agroecosistemas sean
verdaderamente sostenibles, es decir, producción sin fertilizantes artificiales,
sin semillas alteradas genéticamente, y un uso del agua moderado. No debe
confundir un proceso de desarrollo con uno de crecimiento, que usualmente
implica la industrialización del sistema productivo y la desnaturalización de
los procesos agrícolas, que aliena más al trabajador y al campesino y ejerce
presiones sobre los recursos. La competitividad no siempre implica producir
más, sino producir mejor, y mejor puede también ser más ambientalmente
correcto. Esperemos pues que el gobierno de Santos tome algunas medidas al
respecto.
© Ambientalesco
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